La criminalización del Estado: ” Kosovo independiente”, un territorio bajo el control militar de EEUU-la OTAN por IAR Noticias

Kosovo por Ramón Cotarelo

Una indepedencia apadrinada por MIlosevic y Washington por Guerra Eterna

El fracaso de Kosovo por Rebelión

Kosovo is not Spain y Más sobre Kosovo por Café para todos

Kosovo, realidad y legitimación por Antonio Remiro Brotons

Y a modo de recordatorio, una entrada que publiqué hace cuatro meses: El principio de autodeterminación en el Derecho Internacional.

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EE.UU. reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos.

El Parlamento inglés, dispuesto a nacionalizar un banco.

Rajoy anuncia que el PP es el partido de “los currantes”.

“Beso de verdad” entre Aguirre y Gallardón.

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Vuelve la España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María.

Regresa cual mensaje institucional, con seriedad pretendidamente decimonónica y escoltada por su líder natural, D. Mariano Rajoy.

Dicen que el mensaje les sale del corazón, pero necesitan darle notoria lectura y henchirlo artificialmente en el marco de atávicas celebraciones.

Redoblan los tambores nacionales y silvan los clarinetes de la Hispanidad. Se convoca al orgullo patrio, se apela a lo emotivo y se resucitan entrañas que parecían olvidadas.

Llevan tres años creando un escenario emocionalmente inestable, haciendo de las obviedades y las farsas su programa político y elevando a categorías lo que sólo son anécdotas.

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La detención ayer de los integrantes de la Mesa Nacional de Batasuna por orden del magistrado Garzón ha vuelto a suscitar las más variadas reacciones desde el ámbito político.

Sin entrar en el fundamento jurídico de tal decisión, que como tal es plenamente congruente con la doctrina defendida por la Audiencia Nacional desde hace años, sí me gustaría hacer una serie de consideraciones sobre la oportunidad de la medida y el contexto en el que se produce.

El primer dato a tener en cuenta a la hora de valorar la idoneidad de la medida es el día en el que ésta se ha adoptado. Hoy tiene lugar en el Parlamento vasco el Pleno monográfico que sobre las víctimas del terrorismo se había prometido hace ya tres años. Mucho me temo que la orden de Garzón impedirá que el debate tenga lugar dentro de los cauces que deberían marcar su desarrollo y, lo que es peor, es más que posible que la atención que debería concentrar dicho evento quede forzosamente desviada hacia la resolución judicial de referencia.

Desde ese punto de vista, el momento no ha podido ser más inadecuado.

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El pasado 28 de septiembre el lehendakari Juan José Ibarretxe comunicaba que el próximo 25 de octubre de 2007 se sometería a la sociedad vasca bien a un referéndum de un pacto político que todavía debe ser alcanzado con el Gobierno central, bien a una consulta popular no vinculante sobre el futuro de Euskadi, si ese pacto con el Ejecutivo central no se alcanzaba.

Con independencia de la valoración política y jurídica que pueda hacerse sobre tal anuncio, lo cierto es que el mismo ha vuelto a situar en un primer plano de la actualidad el derecho del pueblo vasco a decidir.

Es recurrente la invocación por el nacionalismo vasco del principio de autodeterminación como base sobre la que edificar sus reivindicaciones. Ante la falta de plasmación del mismo en el Derecho estatal, acuden constantemente al Derecho Internacional para fundamentar jurídicamente su pretensión.

Lo que me propongo a través de estas líneas es precisamente analizar el derecho de autodeterminación desde el punto de vista del Derecho Internacional a fin de dilucidar si es cierto o no que éste ampara el ejercicio del derecho de autodeterminación por el pueblo vasco.

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Dada la extensión de la entrada “El Gobierno decide aplicar prisión atenuada a De Juana“, procedo a publicar esta nueva entrada una vez que la decisión ya es firme y las reacciones primeras han tenido lugar (por cierto, impagable el seguimiento que ha hecho Dani de las mismas en el foro de Punto Rojo). A partir de ahora se irán analizando y publicitando las consecuencias de aquélla.

DE JUANA ABANDONA LA HUELGA DE HAMBRE

La primera consecuencia de la decisión de Zapatero ya ha llegado: De Juana abandona la huelga de hambre. Supongo que todos los defensores de la vida como derecho indisponible y a proteger en todo caso se alegrarán de la noticia, pues era evidente que no había otra forma de evitar la muerte del preso etarra.

MANIFESTACIÓN EN CONTRA DE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO

Por otra parte, el Foro de Ermua se manifestará a las 20.00 horas frente al Ministerio del Interior en protesta por la decisión del Gobierno de conceder prisión atenuada al preso de ETA, concentración que ha sido apoyada por la AVT.

EL AUTO DEL JUEZ RECUERDA QUE LA CONCESIÓN DEL SEGUNDO GRADO NO CONSTITUYE NINGÚN BENEFICIO PENITENCIARIO

Llegados a este punto es necesario señalar que como recuerda el propio Juez que ha autorizado la concesión del segundo grado penitenciario en su Auto, la situación de De Juana, “no constituye ningún beneficio penitenciario” y que el segundo grado de tratamiento “con un régimen de flexibilización” se ampara en “estrictas razones sanitarias derivadas del estado de salud en el que se encuentra producido por una actitud de huelga de hambre“.

Insiste en que “este régimen de flexibilización no puede conducir en el momento actual a la concesión de la libertad condicional“. El auto asegura que “sin perjuicio del enorme rechazo social y jurídico que merecen determinados comportamientos, la aplicación al presente caso de las anteriores consideraciones supone la salvaguarda de un principio de humanidad“.

Dos enlaces para hacer memoria:

El Gobierno de José María Aznar (PP) concedió el tercer grado penitenciario a cinco presos de ETA entre 1997 y 1999 por razones médicas

Excarcelaciones de etarras entre 1996 y 2004 durante los gobiernos del PP.

LO DE DE JUANA, PERO CLARITO CLARITO

Reproduzco una entrada de NetoRatón 2.0 por su claridad:

Dicho lo cual, conviene igualmente recordar los motivos por los que el preso etarra se encuentra actualmente en la cárcel, que no son los veincinco asesinatos (de los cuales nos guste o no ya ha cumplido su condena y por tanto no pueden valorarse a la hora de aplicar el segundo grado) sino dos artículos de opinión en los que según el TS se vertían amenazas no terroristas.

ÓRDAGO DE ZAPATERO AL PROCESO DE PAZ

Así titula mi amigo Metalman su entrada sobre este particular y creo que no puede ser mejor expresado. Zapatero ha tomado una decisión que podrá ser acertada o no, pero que es evidente que incorpora una valentía con pocas comparaciones en la reciente historia democrática española.

Ha puesto la pelota en el tejado de ETA definitivamente. Si ETA no se da cuenta que es su última oportunidad de bajarse del tren es que no sólo tiene perdido el corazón (esto es indiscutible) sino también la cabeza. Nunca va a encontrar enfrente un Presidente de Gobierno como éste para resolver el conflicto vasco y para Zapatero éste es el último cartucho.

Ya es hora de que ETA de el paso definitivo. Sé que muchos van a tacharme de iluso y optimista, pero… creo que lo va a hacer, y a no tardar. El primer paso posiblemente lo dará Batasuna renunciando a la violencia como medio para conseguir fines políticos. A continuación deberá ser ETA quien deponga las armas. Lo primero ocurrirá, al menos esa es mi intuición, antes de las elecciones de mayo. Lo segundo lo más seguro que después, aunque es posible que entre medias se emita algún comunicado de ETA que ya vaya anticipando ese segundo comunicado final.

Es sólo una intución, repito, pero ahora que caen chuzos de punta y nadie apoya al Presidente ni tiene fe en un proceso que parece muerto, yo sí doy un paso adelante y manifissto mis deseos e intuiciones: el órdago de Zapatero, pese a todas las críticas recaídas, será visto con el paso del tiempo como uno de los hitos fundamentales en el proceso de disolución de la banda terrorista ETA (el otro posiblemente lo dio Otegui con sus últimas dos declaraciones).

Lo dicho, ahora tienen que mover pieza Batasuna primero y ETA después. No les queda otra.

Item más: por lo que va viéndose, la decisión del Ejecutivo puede ser terriblemente costosa en votos. Está claro que Zapatero, esté acertado o no en la medida, está dispuesto a poner en peligro su carrera política para poner fin al terrorismo.

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El portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi ha presentado hoy una nueva propuesta para “solucionar el conflicto” consistente en conformar una autonomía “dentro del Estado español” integrada por la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra.

Aunque Otegui dota a este marco autonómico de carácter “transitorio“, no puede soslayarse la trascedencia del comunicado ni la importancia de las palabras del político independentista.

La propuesta, tras hacer una serie de consideraciones de carácter general, gira sobre los dos vértices que tradicionalmente han configurado las exigencias políticas de ETA y Batasuna: territorialidad y derecho de autodeterminación.

El nuevo marco político “se constituiría en términos jurídicos como Autonomía Política (y) depositaría en la ciudadanía de los cuatro territorios (Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra) la capacidad de decidir libremente su futuro político e institucional, quedando así garantizado que todos los proyectos políticos (incluido el independentista), puedan ser no sólo defendidos sino materializados, si ese es el deseo mayoritario de la ciudadanía expresado en términos pacíficos y democráticos“.

La elaboración y concreción de este marco político se haría “planteando la relación de los territorios vasco-navarros en términos de respeto y suma de voluntades democráticas” y requiriendo para su entrada en vigor “la aprobación mayoritaria de la ciudadanía tanto de la Comunidad Autónoma Vasca como de la Comunidad Foral de Navarra“.

Texto íntegro de la propuesta de la izquierda abertzale

VALORACIÓN

Lo primero sobre lo que hay que llamar la atención es que el comunicado lo plantea Otegui como representante de la izquierda abertzale y no como portavoz de Batasuna. Como bien apunta mi amigo Hammerman, “Batasuna es ilegal y si hace comunicados se pueden buscar las cosquillas asi que ultimamente van con mucho ojo de no usar la marca“.

Pero sin duda, la gran novedad es su apuesta por la “autonomía política“. Aunque en la rueda de prensa Otegui manifestó que la izquierda abertzale “no renuncia absolutamente a nada” lo cierto es que es la primera vez que se admite expresamente la posibilidad de asumir un País Vasco “dentro del Estado español“. De hecho, el concepto de autonomía política es el que ha definido tradicionalmente la naturaleza de las Comunidades autónomas españolas, caracterizadas por esa nota frente a la soberanía estatal y la autonomía administrativa de los entes locales. La afirmación de Otegui de que dicha situación resultaría “suficiente” para “resolver” los dos “grandes nudos que alimentan el conflicto político“, la territorialidad y el derecho de autodeterminación y que, en consecuencia, traería “la paz” es la constatación de que Batasuna, y por extensión ETA, renuncian a un País Vasco independiente como exigencia innegociable para abandonar la violencia terrorista.

Una segunda nota de importancia manifiesta es que, tal y como ha reconocido el propio Otegui en la rueda de prensa, el acuerdo político ha de partir “de la actual realidad política e institucional“. Este pronunciamiento supone el reconocimiento de facto de la Constitución y de los procedimientos que ésta instituye en materia de ordenación territorial. Así lo vino además a subrayar el líder de Batasuna cuando, preguntado por la necesidad de que las Cortes Generales tuvieran que dar el visto bueno a este nuevo marco autonómico, opinó que éste “evidentemente tendrá que tener un necesario recorrido en términos jurídicos y políticos que probablemente pasará también por una negociación con el Estado para ver de qué manera se implementa en el ordenamiento jurídico esta nueva realidad política-institucional“.

Existe un tercer punto básico que es el de reunificar en una sóla autonomía el actual País Vasco y Navarra, vieja aspiración de la izquierda abertzale pero sobre la que se hacen también una serie de precisiones sumamente interesantes. Así, residencian la gestación de la nueva comunidad en “la aprobación mayoritaria de la ciudadanía tanto de la Comunidad Autónoma Vasca como de la Comunidad Foral de Navarra“. Es un sutil cambio pero trascendente: la decisión no le corresponde al conjunto de la colectividad País Vasco-Navarra, sino de forma independiente a ambas poblaciones, lo que, dado el juego de mayorías que desde 1978 viene sucediéndose en la última de ellas, hace sumamente complicado que el nuevo escenario concluya conforme a los deseos de los independentistas vascos: la izquierda abertzale se limita por tanto a solicitar que se de cobertura real a lo que ha venido a denominarse el derecho a decidir, pero asume que su ejercicio no va a finalizar muy posiblemente con la ansiada integración de Navarra. En todo caso, conviene recordar que esta propuesta es plenamente constitucional, como es fácil colegir de una rápida lectura de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, que señala que “en el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos“. También por tanto en este punto Otegui apuesta por respetar el marco constitucional vigente y asumir que cualquier cambio en la estructura territorial del Estado debe canalizarse a través de los procedimientos marcados por la misma.

Sólo le queda dar dos pasos más:

1) Reconocer que el derecho de autodeterminación no puede plantearse actualmente en términos que únicamente dependan de la voluntad de la ciudadanía vasca o en su caso navarra, sino que deberá articularse previa reforma constitucional y con los requisitos y límites que en su caso marcase la misma.

2) Renunciar a la violencia. Sin más.

En conclusión, la propuesta presentada por Arnaldo Otegui constituye un punto de inflexión de notoria trascedencia por cuanto supone, de hecho, un reconocimiento aunque sea parcial y “transitorio” del marco constitucional del Estado español e incluso la aceptación de que el pueblo vasco se desarrolle dentro de aquel. La triste, lo realmente triste, es que nadie le ha pedido a Batasuna ni a ETA que renuncie a sus ansias independentistas. Lo único que se les exige es que defiendan sus posiciones políticas sin recurrir a fórmulas terroristas. Y eso, de momento, no lo han hecho. Y mientras no lo hagan, señor Otegui, su propuesta no tiene posibilidad ninguna de formalizarse, porque a nivel de interlocución política, su representación sigue siendo nula. Una pena que no se de cuenta de ello.

Reacciones políticas:

IU, ERC y PSOE exigen el rechazo de la violencia.

El PP la tilda de ‘broma’

Aralar y el PNV, a favor.

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Hacía tiempo que quería escribir sobre el archinombrado Pacto Antiterrorista y, dada la ronda de contactos que ahora mismo está teniendo lugar entre los partidos políticos a fin de lograr la unidad en la lucha contra el terrorismo y la cerrazón del PP en la defensa de dicho Pacto, entiendo que es el momento de hacerlo.

Como todo el mundo sabe, éste un pacto extraparlamentario que suscribieron los dos principales partidos políticos de España el 8 de diciembre de 2000. Fue precisamente el candidato socialista en la oposición, Jose Luis Rodríguez Zapatero, el proponente del acuerdo. Una vez más, como ya ocurrió con la Constitución española o el estatuto de autonomía vasco y andaluz, la derecha política de este país transforma su inicial oposición a dar el sí en una defensa numántina que huele a naftalina y a rentabilidad electoral. Lo mismo que hace veinticinco años leíamos a Jose María Aznar desacreditar el Estado de la Autonomías o hace apenas diez señalar que la ilegalización de HB “era una cuestión absolutamente ésteril (y) un camino equivocado” y años más tarde se convertía en el Cid Campeador que blandía su Tizona enfavor de las tesis contrarias, hoy nos encontramos a la cohorte conservadora elevando al Olimpo eterno un Pacto Antiterrorista que en su momento rechazó: la respuesta de Mariano Rajoy, entonces Ministro de Interior, a la propuesta de Rodríguez Zapatero, fue de lo más expresiva: el pacto “no aporta absolutamente nada” y es como “sacar un conejo de la chistera” para llamar la atención. Y es que ya señalaba El Mundo entonces que la propuesta del Pacto era “superflua”, si bien reconocía que “el PSOE está siendo impecable en sus actuaciones políticas contra ETA“. Actualmente, uno y otro consideran ese Pacto fundamental. Llegan tarde -una vez más- y llegan mal -una vez más-.

Y llegan tarde y llegan mal porque la cerril postura en favor del mantenimiento / reestablecimiento del Pacto no obedece, al menos únicamente, a una suerte de conversión sauliana en la que caídos del caballo del no, les deslumbra la luz del sí. El objetivo de atraer al Gobierno hacia dicho pacto no es sino impedir por una parte que puedan diferenciarse netamente nacionalismo y terrorismo -realidad ésta a la que siempre le han extraído un buen jugo- y por otra, y en segunda instancia, porque su reedición impediría al Gobierno socialista, presente o futuro, contar con el apoyo parlamentario del PNV y posiblemente de alguna otra fuerza.

Pero si abyecta es la postura del PP tentando al PSOE con la vuelta al Pacto, cínica es su postura en cuanto a la posible extensión del mismo a otros grupos parlamentarios, especialmente el PNV. Si bien es cierto que insistemente señala que el Pacto es básicamente un acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales, es usual que añada la coletilla del “pero el partido que quiera puede unirse al mismo“. Es evidente que en el artículado del Pacto no existe prácticamente ninguna observación que sea insalvable para que el resto de partidos de la cámara se sumasen al mismo, pero el Preámbulo impide, y el PP lo sabe, que los partidos nacionalistas asuman el mismo. En él se señala, entre otras críticas al nacionalismo vasco, que “ha quedado también de manifiesto el fracaso de la estrategia promovida por el PNV y por EA“. Un Preámbulo que si tuvo sentido en su momento, hoy carece completamente de él. Su adopción fue consecuencia lógica -y yo diría que necesaria- del célebre Pacto de Estella o acuerdo de Lizarra.

Pero las circunstancias, el marco temporal, el contexto de la situación y la propia evolución del PNV han permitido, por suerte, tornar en caduco las aseveraciones contenidas en el Pacto. Un Pacto que, ha de reconocerse, surgió más como un instrumento para aislar al nacionalismo que como un ariete exclusivamente contra la ETA. Esa realidad no puede hoy obviarse y si de verdad se pretende articular la lucha antiterrorista como una estrategia aceptada por todos, es necesario que PSOE y PP entiendan que el futuro de la misma pasa necesariamente por la colusión de objetivos con los grupos nacionalistas. De no ser así, volvería a reincidirse en la insana identificación de nacionalismo y terrorismo, dejando en manos de los sectores más radicales del primero la formulación de las iniciativas para enfrentarse al segundo.

Resulta innegable que todos los grupos políticos con representación en el Parlamento nacional abominan del terrorismo y condenan sus acciones. No debe en consecuencia resultar muy complicado llegar a un acuerdo de mínimos con ellos en dicha materia como ya ocurrió en Ajuria Enea.
Es evidente por otra parte que dichos grupos, todos, tienen responsabilidades de gobierno en instuciones autonómicas que forman parte orgánica del Estado. Y es incuestionable que alguno de ellos (el PNV) tiene bajo su dirección a una Policía (la vasca) que es pieza clave en la lucha antiterrorista. Negar la oportunidad política de implicar a las realidades sociales que representan los partidos nacionalistas o regionalistas en la lucha contra ETA sólo puede obedecer a una ceguera ciertamente preocupante o una estrategia electoral perversa.

Llegados a este punto sólo me queda por añadir que haría muy bien el PSOE en definir que és lo que quiere. Su ambigüedad en este tema, uno más, es lamentable. Parece querer mantener el Pacto en una suerte de hibernación que ni lo da por muerto ni lo califica de vivo. Por una parte tiene pavor a asumir su finiquito, y por otra no desea asumir el costo parlamentario de revivirlo. Ya es hora de que adopte una postura firme al respecto y pubicite la línea que quiere seguir.

Y por último, un consejo al Partido Popular. Lo primero que debe hacer si quiere que muchos creamos que su insistencia en recuperar el Pacto es consecuencia de su creencia en el mismo y no en cálculos electorales, es practicar con el ejemplo y cumplir con el mismo. A los desmemoriados les recuerdo que su artículo primero dispone que “el terrorismo es un problema de Estado. Al Gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el Gobierno o en la oposición. Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo.”

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En el hilo del foro de Punto Rojo que en la anterior entrada os recomendaba se ha producido un debate sumamente interesante sobre el derecho de autodeterminación.

Mi opinión, y que he plasmado en el mismo, es favorable al reconocimiento y regulación constitucional de dicho derecho.
La reinvidicación de la autodeterminación por el pueblo vasco o por cualquier otra comunidad del Occidente europeo no goza de ninguna cobertura jurídica. Esto no es una opinión. Es un hecho. No estamos hablando por tanto de un derecho desde un punto de vista positivista, sino de la proyección de un anhelo que hoy por hoy no tiene un cauce establecido mediante el que plasmarse.

La primera pregunta por tanto es si esta realidad es positiva o no. A mi juicio sería conveniente la articulación de una mecanismo que permitiese su manifestación. En el caso de España, su inclusión supondría la modificación de la Constitución española a través de un procedimiento agravado y complejo. En todo caso, suponiendo que