Llega una nueva patera con 100 inmigrantes, que se suman a los 229 de esta madrugada
Me declaro ignorante supino y demagogo irresponsable
Han pasado ya unos días desde que José Luis Rodríguez Zapatero tuvo “la delicadeza y el gentil gesto” de calificar a todo aquel que osase criticar la Directiva de Retorno del Inmigrante como “un ignorante supino y demagogo irresponsable”.
Pensé que con el paso del tiempo mi enfado decrecería, pero lo cierto es que lejos de ello no sólo ha permanecido incólume al desaliento sino que se ha visto acompañado por una decepción cada vez más acusada.
Cuando el que ahora puede ser calificado como “Presidente de la Vergüenza” accedió al poder aupado por millones de españoles que no querían más mentiras ni apoyos indignos, se le arrancó a gritos la promesa de que no fallase a ese pueblo que le había dado su voto de confianza. Por desgracia, poco más de cuatro años después muchos pensamos que no ha cumplido con el compromiso que adquirió.
Llevo ya tiempo advirtiendo de la derechización del Gobierno socialista, una tendencia que está conociendo su punto álgido precisamente con el apoyo, ya sin complejos, a la denominada Directiva de la Vergüenza.
Sin perjuicio de los argumentos del Presidente, no puedo evitar hacer un comentario sobre el “amable” envoltorio con el que, en forma de insulto, los ha presentado. Como lúcidamente apunta Ignacio Blanco, éste más que aquellos muestra lo que puede comenzar a ser “la FelipeGonzalización de ZP”. Esa mirada entre misericorde y displicente hacia aquel que no comparte sus puntos de vista nos retrotrae a tiempos no tan pretéritos en los que sus antecesores asumían una suerte de liderazgo espiritual que los embriagaba de verdades no aprehensibles por la plebe. Mucho me temo que el “fino estadista” José Luis Rodríguez Zapatero comienza ya a sufrir el temido y temible “síndrome de La Moncloa”, y que se manifiesta principalmente en dos síntomas: la progresiva distorsión en la percepción de la realidad y el incremento del autoritarismo.
Le tendría que dar vergüenza
En el caso presente, las declaraciones del “Presidente de la Vergüenza” suponen además de un insulto a muchos ciudadanos que no compartimos su “progresista” visión sobre la Directiva, una afrenta a los Grupos políticos de izquierda que de forma abrumadoramente mayoritaria votaron en contra de la aprobación de aquélla (por desgracia no puede emplearse el término unanimidad precisamente por el voto favorable que a la misma regalaron la mayor parte de los eurodiputados socialistas españoles).
En todo caso las razones con la que el Presidente se esfuerza en convencernos a los ignorantes supinos y demagogos irresponsables que nos oponemos a la vergonzosa Directiva de Retorno del Inmigrante son de una fragilidad asombrosa e impropia de alguien con su “altura intelectual”. Os aconsejo en este sentido que leáis el artículo que Soledad Gallego-Díaz publicó en El País el pasado día 27 de junio y que bajo el título “Razonada explicación” desmonta, reproduciendo varios de los preceptos más criticados de la Directiva, el argumentario presidencial. La impresión que a uno le embarga después de saborear dicho artículo es que no sabe si le provocan más temor los conceptos jurídicos indeterminados que incorpora el texto de la Directiva o la claridad con la que expone ciertas previsiones.
Como señala Abraham en Otro mundo es posible, “El hombre del “talante” se sale del guión para deleitarnos con argumentos tan vacíos que ha tenido que utilizar la descalificación de quienes hemos optado por tener otra opinión sobre la directiva de Retorno de Inmigrantes”. Y es que cuando se pierden las formas es porque se falla en el fondo. Es lo que tiene el pasar de la “regularización para todos” cuando hacía falta mano de obra barata a la “deportación para todos” sin despeinarse, como con su sagacidad habitual apuntaba en este mismo blog hace unos días Algarabía.
En todo caso, y a modo de réplica, bueno será recordarle al Sr. Presidente tan sólo dos de las bochornosas medidas que contempla la directiva europea: la posibilidad de que menores no acompañados sean deportados a países de los que no sean originarios y la detención por orden administrativa, en centros especializados o incluso penitenciarios y por un periodo de hasta 18 meses de los inmigrantes irregulares, pese a que no hayan cometido delito alguno.
Si oponerse a una directiva que crea de facto una categoría inferior de seres humanos es de “un ignorante supino y demagogo irresponsable”, yo, ante todos ustedes, con mayúsculas, “sin” vergüenza y con la dignidad que aún muchos no hemos perdido, me declaro formalmente IGNORANTE SUPINO Y DEMAGOGO IRRESPONSABLE. Desde luego, prefiero que me tilden de eso a que no pueda mirarme al espejo.
El Gobierno de la Vergüenza
Según leo en Público, el Gobierno español ha iniciado una ofensiva para “vender” a Latinoamérica la Directiva, ante las voces que claman en aquel continente contra la norma aprobada por el Parlamento europeo, y anuncia “ajustes” en la Ley de Extranjería.
Como afirma Ramón Cotarelo en una entrada titulada “Yo no voté esto” (en la que por cierto podéis encontrar los nombres y direcciones de correo de los eurodiputados socialistas, además de una reflexión sobre el magnífico artículo de Soledad Gallego-Díaz en El País titulado Los límites de la confusión), “ni los inmigrantes ni nosotros nos merecemos esta faena”.
Ciertamente, tenemos un Gobierno que se comporta como un aventajado vendedor de humo.
Europa comienza a dejar de ser Europa (I): se consensua la Directiva de la vergüenza
“Tiempos turbios para exigir derechos”. Así titula magistralmente una entrada Guillermo Pardo en MigraMundo para patentizar la realidad de la Europa del siglo XXI.
Una Europa que esta semana conoce de dos hechos, uno de naturaleza normativa y otro de carácter judicial, que constituyen una afrenta a los valores que se suponen parte indisponible del acervo del viejo continente.
El primero de ellos es el acuerdo por unanimidad del Comité de Representantes Permanentes, es decir, por los embajadores de los Estados miembros ante la Unión Europea, sobre el texto de la Directiva europea de retorno de inmigrantes ilegales. Una vez la denominada Directiva de la vergüenza sea aprobada por el Parlamento europeo, se posibilitará la retención de personas sin papeles hasta 18 meses con una mera orden administrativa, el internamiento en los mismos centros de ancianos y menores de edad y la prohibición de entrar al territorio de la Unión Europea durante un periodo de 5 años para todos los que sean expulsados. Entre los cambios que se han consensuado respecto de la versión anterior, destaca la eliminación de la garantía del derecho de los indocumentados a la asistencia legal gratuita.
La aprobación de la Directiva se enmarca en un contexto de declaraciones, sucesos y medidas que tienen como fin último al tratamiento del fenómeno de la inmigración como problema social: el contrato social en Francia, las declaraciones de los representantes políticos en España, la quema de campamentos gitanos y el Proyecto de Ley aprobado en Italia son supuestos claramente cercenadores de los más elementales derechos de los migrantes y suponen una afrenta directa a la dignidad de éstos.
Desde estas líneas deseo denunciar un esquema de funcionamiento que oculta el evidente problema de redistribución de la riqueza que existe a nivel planetario y que plantea como soluciones lo que no son sino restricciones de derechos que en modo alguno modifican las causas por las que millones de personas abandonan su país y su familia.
La migración es un fenómeno natural que Europa no puede ni debe enfrentar bajo prismas coercitivos. En un tiempo en el que la libertad de circulación del capital financiero y de las mercancías se torna en dogma incontrovertible, no es coherente limitar esa misma libertad para los seres humanos. Europa debe plantear, desde el reconocimiento de los beneficios que produce la llegada de ciudadanos de terceros países, medidas que alteren el diseño económico transnacional que los aboca a huir de sus tierras. Ese debiera ser el desafío a emprender y no la limitación arbitraria de los derechos de los migrantes. Hacer lo contrario, como se está haciendo, es confundir causa con consecuencia y no querer entender que esas mujeres y hombres saltarán, porque lo necesitan y porque están en su derecho, todos los muros y todas las normas que pretendan trasladarles la indigna e injusta sentencia de que la pobreza, el hambre, la falta de salud o la guerra son fenómenos naturales que deben asumir.
La verdad es que como reconoce ainhoavu en “Al revés world”, uno se avergüenza en estos días de ser europeo.
Zapatero, la directiva de la vergüenza y las bombas de racimo: un trío bien avenido
Sin perjuicio de cuestiones de detalle más o menos anecdóticas (composición paritaria del Gobierno, nombramiento de una Ministra de Defensa catalana y embarazada etc.), lo cierto es que la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero parece aceptar principios de actuación tan alejados de los postulados de la izquierda como ya percibidos en los cuatro años anteriores. Como apuntaba Juan Torres en el número 77 del Periódico Diagonal, la deriva a la derecha del Gobierno “lo indican claramente tanto la nueva distribución de carteras como las personas a las que se les encargan”.
Pero sin perjuicio de la composición funcional del nuevo Gobierno e incluso de circunstancias que, sin restarles trascendencia, no pueden en puridad servir de fundamento único a tal afirmación -pese a que coadyuvan de forma evidente a su consolidación-, en los apenas dos meses que han trascurrido desde la revalidación de su mandato, el Presidente ha asumido planteamientos que conllevan de suyo la implementación de medidas claramente contrarias a lo que debería ser una filosofía mínimamente aceptable.
En la última semana encontramos dos ejemplos de ello: el apoyo a la denominada “Directiva de la Vergüenza” y la oposición a la firma de un Tratado para prohibir la fabricación, almacenamiento y uso de las bombas de racimo.
Los dejamos hasta sin médicos
Hace poco leía que en un reciente simposio celebrado en Kampala (Uganda), la OMS denunciaba que en el mundo faltan 4 millones de médicos, enfermeros y comadronas.
Esta carencia, ya de por si alarmante, muestra, como no puede ser de otra forma, su peor cara en el llamado continente negro: África sólo cuenta con el 3% de los trabajadores sanitarios del mundo.
El problema, ya de por si grave, se torna en alarmante cuando se conoce que 20.000 médicos y enfermeras africanos emigran a otros países en busca de mejores oportunidades. Según la OMS, uno de cada cuatro médicos africanos –formados en sus países de origen- se marcha de su país para trabajar en Europa, América del Norte o los Emiratos del Golfo.
El año pasado la Comisión Internacional Global de Migraciones ponía dos ejemplos muy gráficos: En la ciudad inglesa de Manchester trabajan hoy más médicos de Malawi que en todo Malawi. Y en Zambia, de un total de 600 médicos que terminaron la carrera desde el año de su independencia, la mitad han emigrado.
El daño que provoca en los países de origen esta política inmigratoria es notoria: todos hemos visto imágenes en los que cientos de personas esperan pacientemente ser atendidos en algún hospital donde escasea el personal sanitario. Mientras África exporta profesionales sanitarios a los países ricos, sus dispensarios carecen de los recursos humanos mínimos para atender las necesidades médicas de su población.
Esta “fuga de cerebros”, potenciada por los países occidentales, contrasta de forma indignante con las barreras legales que se imponen a los inmigrantes cuando carecen de una formación académica suficiente.
Nuevamente la hipocresía del denominado primer mundo queda en evidencia: mientras en África millones de seres humanos sufren las consecuencias de enfermedades perfectamente evitables, las organizaciones internacionales, presionadas por EE.UU. y Europa, no hacen nada por crear las condiciones mínimas que permitan continuar en sus países de origen a los médicos y enfermeras y permiten políticas de patentes que impiden de facto el tratamiento de dichas enfermedades.
Hay veces que uno se avergüenza de pertenecer al género humano y haber participado, por acción u omisión, en la validación y consolidación de un orden socio-económico criminal que condena a millones de seres humanos a vivir no ya sólo sin lo indispensable, sino, lo que es peor, sin esperanza.
No huyen del hambre… persiguen la esperanza
Siguiendo el modelo francés, los próximos 1, 2 y 3 de mayo está previsto en España un paro general de inmigrantes a fin de exigir la regularización de los llamados “sin papeles”.
Mientras allí la huelga ha tenido un eco que ha sorprendido incluso a los propios convocantes y ha obligado al Gobierno a asumir un compromiso, aunque ciertamente vago, de estudiar la situación de estos trabajadores, en España la iniciativa está teniendo problemas para recabar apoyos entre las organizaciones más conocidas. Parece mentira que una decisión de este tipo no merezca la implicación activa de los grandes sindicatos. No obstante, son ya más de cien las organizaciones que se han sumado a la iniciativa.
En concreto, los promotores piden “la derogación de las leyes de extranjería y normativas similares y el cumplimiento fiel del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos“, así como una “amnistía general y regularización de todas las personas sin papeles“; el reconocimiento de “derechos laborales” y la “persecución de los empresarios que abusan de los trabajadores inmigrantes“. Asimismo, reivindican el derecho al voto por arraigo, exigen el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y piden que se persigan “la corrupción y/o el maltrato institucionalizado y generalizado en consulados, subdelegaciones del Gobierno” y demás dependencias de las administraciones central y regionales. La legalización y regulación laboral del ejercicio de la prostitución; la prohibición de repatriar menores inmigrantes, el cese del “racismo y la xenofobia institucional que criminaliza” al colectivo y “trabajo real para evitar más muertes en el Estrecho y aguas del Atlántico, sin externalización de fronteras ni Frontex“, completan las reivindicaciones.
