Sin perjuicio de cuestiones de detalle más o menos anecdóticas (composición paritaria del Gobierno, nombramiento de una Ministra de Defensa catalana y embarazada etc.), lo cierto es que la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero parece aceptar principios de actuación tan alejados de los postulados de la izquierda como ya percibidos en los cuatro años anteriores. Como apuntaba Juan Torres en el número 77 del Periódico Diagonal, la deriva a la derecha del Gobierno “lo indican claramente tanto la nueva distribución de carteras como las personas a las que se les encargan”.

Pero sin perjuicio de la composición funcional del nuevo Gobierno e incluso de circunstancias que, sin restarles trascendencia, no pueden en puridad servir de fundamento único a tal afirmación -pese a que coadyuvan de forma evidente a su consolidación-, en los apenas dos meses que han trascurrido desde la revalidación de su mandato, el Presidente ha asumido planteamientos que conllevan de suyo la implementación de medidas claramente contrarias a lo que debería ser una filosofía mínimamente aceptable.

En la última semana encontramos dos ejemplos de ello: el apoyo a la denominada “Directiva de la Vergüenza” y la oposición a la firma de un Tratado para prohibir la fabricación, almacenamiento y uso de las bombas de racimo.

La primera de las decisiones supone configurar la inmigración como problema social y la criminalización de la libertad de movimiento. Como recuerda Javier Ortiz en su blog, el texto de la futura Directiva significa “una verdadera regresión en cuanto a la protección de los Derechos fundamentales de los migrantes en situación irregular, que son pura y simplemente criminalizados”. Así, y entre otras medidas, prevé un encierro de los extranjeros en situación irregular de entre 6 y 18 meses, una prohibición de entrada en territorio europeo de 5 años para las personas expulsadas y la eliminación de la protección que concedía el Convenio sobre los Derechos del Niño a los menores migrantes.

En el segundo caso, esto es, la oposición al Tratado de eliminación de las bombas de racimo, el Gobierno está incumpliendo incluso su propio compromiso legal. Como recuerda Público, la “Ley de control del comercio exterior de material de defensa y doble uso”, aprobada el año pasado, obliga al Ejecutivo a promover aquellos tratados internacionales en contra de “todos los tipos” de bombas de racimo. No desconoce el Gobierno que el 95% de las víctimas de este tipo de armamento son civiles, como por desgracia tampoco olvida el hecho de que España es uno de los mayores productores de estas bombas de área.

Sí, son solo dos ejemplos. Pero dos ejemplos que deberían avergonzar a cualquiera con un mínimo de sensibilidad en favor del respeto de los derechos humanos. Y dos ejemplos que no son meras declaraciones institucionales que se diluyen en ese océano de gestos al que tan acostumbrados nos tienen nuestros representantes, sino que empujan en una dirección que tiene consecuencias directas en la vida y dignidad de millones de personas.

Sr. Zapatero: éstos no son debates entre la izquierda y la derecha. Son ópticas que diferencian a un ser humano comprometido con la defensa de los derechos básicos de sus congéneres de otro que antepone a éstos falsos discursos y sórdidos intereses comerciales. Usted es libre de seguir el camino que desee… como nosotros de acompañarle.

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