Siguiendo el modelo francés, los próximos 1, 2 y 3 de mayo está previsto en España un paro general de inmigrantes a fin de exigir la regularización de los llamados “sin papeles”.
Mientras allí la huelga ha tenido un eco que ha sorprendido incluso a los propios convocantes y ha obligado al Gobierno a asumir un compromiso, aunque ciertamente vago, de estudiar la situación de estos trabajadores, en España la iniciativa está teniendo problemas para recabar apoyos entre las organizaciones más conocidas. Parece mentira que una decisión de este tipo no merezca la implicación activa de los grandes sindicatos. No obstante, son ya más de cien las organizaciones que se han sumado a la iniciativa.
En concreto, los promotores piden “la derogación de las leyes de extranjería y normativas similares y el cumplimiento fiel del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos“, así como una “amnistía general y regularización de todas las personas sin papeles“; el reconocimiento de “derechos laborales” y la “persecución de los empresarios que abusan de los trabajadores inmigrantes“. Asimismo, reivindican el derecho al voto por arraigo, exigen el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y piden que se persigan “la corrupción y/o el maltrato institucionalizado y generalizado en consulados, subdelegaciones del Gobierno” y demás dependencias de las administraciones central y regionales. La legalización y regulación laboral del ejercicio de la prostitución; la prohibición de repatriar menores inmigrantes, el cese del “racismo y la xenofobia institucional que criminaliza” al colectivo y “trabajo real para evitar más muertes en el Estrecho y aguas del Atlántico, sin externalización de fronteras ni Frontex“, completan las reivindicaciones.
Desde El Rincón de Joseca animo a todos aquellos que lo deseen a apoyar el paro convocado.
Se lo debemos a un colectivo que reúne a más de cuatro millones de personas, cuatro millones en los que descansa buena parte de nuestra economía y de nuestro sistema de protección social.
Nos enfrentamos a un fenómeno global en el que el Gobierno de España ha de rectificar una política que, haciendo abstracción de la retórica que emplea, conoce de grandes lagunas y medidas insolidarias.
La Convención de las Naciones Unidas para la Protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, el Convenio 143 de la Organización Internacional del Trabajo, y la Convención del Consejo de Europa contra la Trata de Seres Humanos han de ser instrumentos imprescindibles y básicos para garantizar derechos y libertades fundamentales de los inmigrantes.
Frente a las conclusiones irresponsables y las propuestas de cariz demagoga, un elemental principio de justicia social y de practicidad económica nos obliga a denunciar la situación fáctica y jurídica en la que permanecen muchos de los inmigrantes que residen en España.
Imaginen, como se teorizaba en un artículo publicado por el periódico de Catalunya hace mes y medio, “una España sin inmigrantes en la que la fruta de los árboles se pudriría porque nadie la recoge, donde las obras se quedarían sin peones, los restaurantes sin camareros, las ciudades sin mensajeros y las casas sin nadie que cuide de los niños o los abuelos”. E imaginen, sobretodo, que ustedes fueran uno de tantos que abandonan su tierra y su familia en busca de una vida digna, uno de tantos que, como aclaraba el padre de un buen amigo, “no huyen del hambre… persiguen la esperanza”.
¿Y quienes somos nosotros para negarles esa esperanza?