Hace poco leía que en un reciente simposio celebrado en Kampala (Uganda), la OMS denunciaba que en el mundo faltan 4 millones de médicos, enfermeros y comadronas.
Esta carencia, ya de por si alarmante, muestra, como no puede ser de otra forma, su peor cara en el llamado continente negro: África sólo cuenta con el 3% de los trabajadores sanitarios del mundo.
El problema, ya de por si grave, se torna en alarmante cuando se conoce que 20.000 médicos y enfermeras africanos emigran a otros países en busca de mejores oportunidades. Según la OMS, uno de cada cuatro médicos africanos –formados en sus países de origen- se marcha de su país para trabajar en Europa, América del Norte o los Emiratos del Golfo.
El año pasado la Comisión Internacional Global de Migraciones ponía dos ejemplos muy gráficos: En la ciudad inglesa de Manchester trabajan hoy más médicos de Malawi que en todo Malawi. Y en Zambia, de un total de 600 médicos que terminaron la carrera desde el año de su independencia, la mitad han emigrado.
El daño que provoca en los países de origen esta política inmigratoria es notoria: todos hemos visto imágenes en los que cientos de personas esperan pacientemente ser atendidos en algún hospital donde escasea el personal sanitario. Mientras África exporta profesionales sanitarios a los países ricos, sus dispensarios carecen de los recursos humanos mínimos para atender las necesidades médicas de su población.

Esta “fuga de cerebros”, potenciada por los países occidentales, contrasta de forma indignante con las barreras legales que se imponen a los inmigrantes cuando carecen de una formación académica suficiente.
Nuevamente la hipocresía del denominado primer mundo queda en evidencia: mientras en África millones de seres humanos sufren las consecuencias de enfermedades perfectamente evitables, las organizaciones internacionales, presionadas por EE.UU. y Europa, no hacen nada por crear las condiciones mínimas que permitan continuar en sus países de origen a los médicos y enfermeras y permiten políticas de patentes que impiden de facto el tratamiento de dichas enfermedades.
Hay veces que uno se avergüenza de pertenecer al género humano y haber participado, por acción u omisión, en la validación y consolidación de un orden socio-económico criminal que condena a millones de seres humanos a vivir no ya sólo sin lo indispensable, sino, lo que es peor, sin esperanza.











