El Gobierno de la Comunidad de Madrid va a aprobar hoy una Ley denominada Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, que es de todo menos modernizadora. Antes bien, supone un ataque frontal al medio ambiente y al desarrollo sostenible.

Entre las medidas que contempla está la posibilidad, ya abierta por la actual Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, de construir viviendas, infraestructuras deportivas (o sea, campos de golf) e instalaciones hosteleras en suelo no urbanizable protegido. La gravedad de esta situación es mayor si se tiene en cuenta que la propia ley elimina además una de las dos fases en las que se pueden presentar alegaciones, con lo que se crean más dificultades para que el ciudadano pueda conocer y oponerse, menoscabando la imprescinidible transparencia que debe existir en una materia como el Urbanismo.
Otra de las medidas que implementa esta Ley es la limitación a tres alturas más ático de toda vivienda que se construya en un futuro en Madrid. Un nuevo disparate que aboga por un urbanismo extensivo ya que obligará, como acertadamente ha manifestado Carme Chacón, a urbanizar más terreno y, por tanto, a que los madrileños pierdan más tiempo en desplazamiento.
Como denuncia Izquierda Unida, también son dignas de mención las modificaciones que significan una actitud de desprecio a los Ayuntamientos, como la tramitación de los avances de los Planes Generales, en los que será preceptivo la elaboración de un Informe de Impacto Territorial, sin que exista Plan de Estrategia Territorial alguno. ¿Qué informe se puede hacer sobre algo que no existe?. El resultado no puede ser otro que el de la arbitrariedad del Gobierno del PP para elaborar esos informes.

Pero sin duda, la decisión más polémica que contempla esta Ley es el menoscabo de las funciones inspectoras de los Agentes Forestales, que en los últimos años se habían convertido en un incordio porque han estado denunciando situaciones de irregularidad en
muchos casos promovidos, o permitidos, por la propia Administración Aguirre. La Ley elimina el carácter de agente de la autoridad y policía judicial con que ahora contaban los Agentes Forestales, lo que les impedirá, por ejemplo, entrar en cotos de caza donde se estén utilizando cebos envenenados o comprobar si se están llevando a cabo obras ilegales en fincas privadas. En este sentido los Agentes Forestales vienen organizando diferentes acciones y protestas para denunciar esta situación. A tal fin, desde el Sindicato de Agentes Forestales nos invitan a firmar un manifiesto de apoyo a su labor.
Por cierto, según me comentan ayer tarde se llegó a un principio de acuerdo entre la Presidenta y los forestales. Habrá que esperar.
En conclusión, una Ley que supone un descarado atentado contra el medio ambiente y contra la calidad de vida de los madrileños. Un espaldarazo a la especulación urbanística que ha de denunciarse con fuerza.










