Ayer todos los medios de comunicación se hacían eco de la propuesta que el Secretario de organización del PSOE, José Blanco, iba a hacer llegar al Partido Popular para alcanzar un pacto contra la corrupción urbanística. Noticia a la que precedía la declaración que efectuaba la Vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en el sentido de que el Gobierno iba a tener “tolerancia cero” en esta materia y que el Ejecutivo no estaba “dispuesto a amparar ni a tolerar ninguna forma de corrupción”. Por su parte, el líder del PP, Mariano Rajoy, rechazó la iniciativa propuesta por el PSOE, afirmando que de esa labor han de ocuparse “la policía y los jueces”.
Lo cierto es que el Urbanismo se viene demostrando desde hace tiempo como un auténtico campo de minas para la Ley y la Ética, que han sido constantemente zarandeados por intereses y ambiciones que excedían del marco de lo permisible y que, y he ahí la gran tragedia, fueron asimilándose por los ciudadanos como una circunstancia inevitable y en cierto modo comprensible.
El problema de fondo no es si los dos grandes partidos son capaces de firmar un pacto contra la corrupción urbanística -algo que sería deseable- o si la policía y los jueces se ocupan o no de fiscalizar la actividad política y empresarial en ésta parcela -que evidentemente es necesario-. El conflicto parte del propio sistema, que aboca o cuanto menos anima a la especulación privada, a la degradación medio ambiental y a la difuminación del interés público que ha de presidir la labor municipal en el desarrollo armónico de los pueblos y las ciudades.
Si de verdad PP y PSOE pretenden terminar con esta lacra –lacra que no por ser ahora objeto de informaciones periodísticas es más grave de lo que lo era hace apenas unos meses- no basta con pactos o persecuciones judiciales, sino que es menester plantear una serie de reformas legales que impidan o al menos dificulten las posibilidades que agentes públicos y privados ven en este sector para autofinanciar sus respectivas arcas. De poco sirven grandes declaraciones o dotar de más medios humanos y materiales a las distintas Fiscalías si es la propia legislación urbanística la que permite, por acción u omisión, que chorizos de guante blanco, mangantes con corbata y demás fauna ibérica encuentren en esta área unas facilidades sin igual para generar colosales réditos económicos ateniéndose formalmente a los procedimientos y supuestos establecidos por la norma.De ahí que la primera cuestión a solucionar sea la sempiterna insuficiencia financiera de los Ayuntamientos, cuyas competencias no encuentran fiel regflejo en sus ingresos. Cúmplase con el contenido del art. 142 de la Constitución española, y dótese a las haciendas locales de un sistema de recursos que no obligue a los munícipes a acudir solícitos al promotor privado a fin de dotarse de fondos para ejecutar sus políticas.
Una segunda medida sería dotar de carácter vinculante a los informes medioambientales que han de emitirse con carácter preceptivo en la tramitación de los planes urbanísticos. Son numerosos los casos en los que pese a la opinión desfavorable de los técnicos medio ambientales, el órgano político decide aprobar unos desarrollos claramente insostenibles. De igual forma habría de procederse respecto de los informes sectoriales que alertan sobre la insuficiente dotación de escuelas, centros de salud y demás servicios públicos de obligada prestación.
La tercera pauta consistiría en limitar las modificaciones puntuales de planeamiento que desde los Ayuntamientos se aprueban. Estas modificaciones, además de ser la constatación evidente de la ausencia total de planificación pública a medio y largo plazo y de la falta de un modelo coherente de ciudad, suelen mostrarse perjudiciales para el entorno en el que se ejecutan y no obedecen al interés público que debería presidir las mismas. Antes al contrario, en la mayor parte de las ocasiones se desarrollan y ratifican a instancia de particulares y en beneficio casi exclusivo de éstos, sin que la comunidad participe de las enormes plusvalías generadas.
Lindante con ésta última transformación, debería acometerse una reformulación del papel que han de jugar, si es que han de jugar alguno, los convenios urbanísticos, verdaderos caballos de troya que han violentado plazos y contenidos de desarrollos urbanos al socaire de relampageantes beneficios. El convenio urbanístico se ha convertido de hecho en un instrumento de planificación más, y en él se dan cita todo tipo de intereses salvo los que deben presidir su formulación: el público. Prueba de lo antedicho es que el noventa por ciento de los covenios urbanísticos que se firman entre particulares y Ayuntamientos lo son a iniciativa privada. Sería por tanto conveniente eliminar la figura del convenio de planeamiento y permitir únicamente el de ejecución, imposibitando por lo menos que las cesiones de aprovechamientos lucrativos que han de hacerse al Ayuntamiento en forma de parcelas puedan monetarizarse en dinero.
Otra reforma, ésta de índole estatal, sería retornar al anterior sistema y considerar no urbanizable el suelo residual. Con la normativa en vigor, aprobada en 1998, todo el suelo es considerado urbanizable siempre que no se clasifique expresamente como no urbanizable por razones de protección paisajística, histórica, arqueológica, científica, ambiental etc. Esto ha provocado una escalada de promociones que se han lanzado a urbanizar y edificar suelos que si bien no tenían una especial significación desde aquellos puntos de vista si tenían un cierto interés desde el punto de vista de su preservación para evitar crecimientos desorbitados.
Por último, y a fin de fomentar la democracia directa en la esfera urbanística, sería igualmente conveniente introducir la obligación de plantear consultas populares en las reclasificaciones y recalificaciones de suelo si éstas siguen permitiéndose en la misma medida que hasta ahora, de modo que la ciudadanía pueda participar de decisiones que les afectan frontalmente o por lo menos estar informada de las mismas.
Como puede observarse, son muchas las medidas que pueden adoptarse. Yo, hasta el momento, sólo escucho grandes palabras, propuestas vacías e innanes argumentos. Si de verdad los grandes partidos desean acabar con esta lacra, tienen en sus manos los instrumentos legales suficientes para al menos dificultar la labor de esos modernos gansters que pululan sin descanso entre despachos de Alcaldías, Consejerías varias y restaurantes diversos.
ACTUALIZACIÓN (24/10/2006)
Excelente análisis de la situación en La sombra de Aznar
Qué majos estos políticos, deciden acabar con la corrupción justo en el momento que el negocio empieza a dejar de serlo.Pais!!!!
Completamente de acuerdo contigo Joseca. No hay un verdadero interés, que no sea electoral, en reconducir este asunto.
Pero hay otra cuestión que a mi me parece mucho más importante que la lucha contra la corrupción y los corruptos -que eso lo pueden y deben hacer los jueces y fiscales- y es la deriva económica que ha permitido la destrucción del tejido industrial y productivo hasta convertir el sector de la construcción en el mayor generador de “riqueza” (para unos pocos, claro, aunque da de comer a muchos) y, lo que es más grave, en el mayor sumidero de mano de obra pero, sobre todo, de la mano de obra inmigrante. Sector económico el de la Construcción que se ha convertido en el eje sobre el que gira todo el resto de la economía del país, es la base, los cimientos de todo. Si la burbuja revienta, cae toda la economía, se perderán miles de puestos de trabajo, quedando la mayoría de los inmigrantes, legales e ilegales, con una mano delante y otra detrás. Miles de hipotecados hasta las cejas se pueden quedar sin vivienda, otros miles quedarán pagando hipotecas más altas que el valor real de sus viviendas en ese momento, valor que, por supuesto, caerá por debajo del valor de compra arruinando muchas economías domésticas.
Un país que basa su economía en el “monocultivo” está condenado al desastre. La historia está llena de ejemplos. Es tercermundista repetir los mismos errores que otros países colonizados o postcolonizados cometieron desde finales del siglo XIX a mediados del XX basando sus economías en monocultivos dirigidos por multinacionales como los del tabaco, el café, el azúcar o el algodón, cultivos que enriquecían a unos pocos, a las oligarquías que gobernaban, hasta que movimientos especulativos en los mercados internacionales, muchas veces dirigidos por esos mismos oligarcas que se iban a producir esos mismos productos a otros países con mano de obra más barata, tiraba por el suelo los precios arruinando las economías de esos países condenando a la miseria a la totalidad de sus pueblos. No hay que ser economista para entender que en economía es imprescindible diversificar. En España no lo hemos hecho, todo lo contrario, hemos permitido la destrucción y deslocalización hacia Asia del escaso tejido industrial del que disponíamos a finales de los 70. Nos hemos convertido en un país con sólo dos sectores en activo: el sector servicios basado en el turismo y el sector ladrillo. Y si te fijas, ambos muy interrelacionados en todas estas tramas de corruptelas urbanísticas y especuladoras. Para más INRI, los que dirigen la economía del país se sientan, lo han hecho antes o lo hacen después de ser ministros, en los consejos de dirección de esas empresas constructoras, financieras o turísticas.